El ministro de Ambiente, Robert Ortuño, ha declarado «legítima» la demanda judicial interpuesta por el Partido Independiente contra el proyecto de la represa de Casupá, reconociendo el derecho de la colectividad política a presentar dicha acción.
Ortuño confirmó que el asunto ha entrado en la esfera judicial y, aunque ni su cartera ni OSE han sido notificados formalmente, aseguró que «seremos respetuosos de lo que allí se decida». Sin embargo, aprovechó la instancia para remarcar que «no todo puede ser objeto de disputa política», instando a evitar un «clima de campaña electoral permanente» y a buscar el diálogo en temas de relevancia nacional para alcanzar soluciones.
La demanda judicial contra el proyecto de la represa fue presentada por una coalición de actores, liderada por el Partido Independiente. Incluyó a legisladores y dirigentes de los Partidos Nacional, Colorado, Constitucional Ambientalista y Ecologista Radical Intransigente, así como a la Federación Rural, la Asociación Rural de Florida, y vecinos y productores de Casupá. La acción solicita, entre otras cosas, una medida cautelar para la «suspensión inmediata de toda actuación administrativa, contractual, financiera, presupuestal, licitatoria, expropiatoria o material» y cualquier acto que «implique continuar incrementando el grado de consolidación jurídica, administrativa, patrimonial o material del Proyecto Represa Casupá, hasta tanto recaiga sentencia definitiva o la sede disponga otra solución durante la sustanciación del proceso».
Adicionalmente, los demandantes exigen que la actuación gubernamental se ajuste estrictamente a la Constitución de la República, la Ley Nº 16.466, el Decreto Nº 349/005, la Ley Nº 18.610 y el resto del ordenamiento jurídico aplicable. Piden también condenar a OSE a cesar y abstenerse de toda conducta que impulse la consolidación y ejecución del proyecto de Casupá, incluyendo actuaciones administrativas, contractuales, financieras, presupuestales, licitatorias, expropiatorias o materiales. Finalmente, solicitan suspender la licitación pública internacional hasta que se cumplan los presupuestos jurídicos habilitantes.
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