Fernando Rodríguez Sanguinetti, vicepresidente de la Caja de Profesionales (CP), informó que la institución presentará una impugnación contra la disposición del Poder Ejecutivo que elimina la recaudación del timbre profesional en las consultas médicas. El directivo lamentó la decisión, argumentando que la exención de este tributo en el sector de la salud debió establecerse mediante una ley y no a través de un decreto. Rodríguez Sanguinetti enfatizó que, aunque preferirían haber llegado a un acuerdo negociado, la CP se ve obligada a apelar la medida.
El representante de la CP señaló que la resolución interna de la Caja sobre este asunto data de hace aproximadamente mes y medio, periodo durante el cual han intentado establecer contacto con el Poder Ejecutivo. Confirmada una próxima reunión con las autoridades gubernamentales, Rodríguez Sanguinetti manifestó que la delegación de la Caja asistirá con una postura abierta al diálogo, buscando encontrar soluciones consensuadas.
Desde la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial, la Caja de Profesionales dispone de un plazo de diez días para formalizar su impugnación. Actualmente, el equipo legal interno de la institución y consultores externos están preparando el escrito correspondiente. Rodríguez Sanguinetti reafirmó la convicción de la Caja en la legalidad de su posición, subrayando que consideran una obligación de su Directorio mantener el cobro de estos timbres, en estricta aplicación de la ley promulgada por el Parlamento y propuesta, en su momento, por el propio Poder Ejecutivo.
Con el fin de asegurar su sostenibilidad financiera, la Caja de Profesionales ha elaborado diversas iniciativas. Entre estas se incluye la propuesta de destinar un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los profesionales a la institución. Adicionalmente, Rodríguez Sanguinetti cuestionó por qué el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) aportado por los profesionales universitarios jubilados es dirigido al Banco de Previsión Social (BPS) en lugar de a la propia Caja. Otros planteamientos contemplan la incorporación de aproximadamente cincuenta nuevas profesiones al sistema de aportes, así como la obligatoriedad de que todos los nuevos profesionales, tanto dependientes como independientes, realicen sus contribuciones a la Caja.
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