El Banco Central del Uruguay (BCU) ha resuelto apelar el fallo judicial de primera instancia que acogió parcialmente la demanda presentada por clientes de la empresa República Ganadera, responsabilizando al organismo y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Desde el BCU se enfatizó que la sentencia aún no ha adquirido firmeza y se manifestó una total disconformidad con sus fundamentos, confirmando que la decisión será elevada al Tribunal de Apelaciones en lo Civil. La institución argumenta que no hubo negligencia en el ejercicio de sus funciones. Recordó, además, que en febrero de 2022 había emitido una alerta pública sobre las propuestas de inversión o ahorro en ganado que prometían una rentabilidad mínima y fija.
En aquella comunicación, el Banco Central especificó que dichos esquemas no se encontraban registrados ni sujetos a su marco de regulación y supervisión. El BCU también invocó la jurisprudencia de casos similares, derivados de la crisis financiera de 2002, en la que se eximió de responsabilidad al ente supervisor cuando este había cumplido con los estándares razonables de control.
Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, transmitió la tranquilidad de su cartera frente a la situación. El jerarca subrayó la solidez y la fiabilidad del sistema de trazabilidad y monitoreo del ganado en el país, desvinculando al ministerio de cualquier responsabilidad por omisión. Carámbula aseguró que el MGAP actuó diligentemente en sus controles y anunció que también apelarán la determinación judicial.
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