El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se reunió con la organización Familiares de Desaparecidos para discutir posibles ajustes en un artículo del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) que, tal como está redactado, podría permitir la libertad anticipada a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
Según relató Ignacio Errandonea, integrante de Familiares de Desaparecidos, tras el encuentro, las autoridades aseguraron que «no era su propósito, al redactar el nuevo CPP, que quienes perpetraron delitos de lesa humanidad pudieran acceder al beneficio de solicitar la libertad anticipada tras cumplir dos tercios de su condena».
Díaz adelantó a la organización que la bancada del Frente Amplio (FA) se comprometería a realizar las gestiones necesarias para corregir esta situación y perfeccionar el texto del artículo.
Errandonea contextualizó que «la mayoría de los condenados en Domingo Arena cumplen penas por delitos comunes, no de lesa humanidad, incluyendo aquellos por homicidio especialmente agravado que previamente estaban excluidos de ciertas consideraciones. Sin embargo, planteó el interrogante sobre cómo aplicar la ley a particulares que han cometido delitos, cumplido su condena, se han reformado y están aptos para reinsertarse en la sociedad».
Por su parte, la organización Crysol también ha manifestado su demanda de modificación. Chela Fontora, representante de Crysol, enfatizó que «no es aceptable conceder libertad anticipada ni ningún otro beneficio, especialmente a aquellos que, tras 41 años de libertad y democracia en nuestro país, no han aportado dato alguno ni información sobre el paradero de nuestros familiares desaparecidos».
Con ese objetivo, Crysol ha solicitado una reunión en el ámbito parlamentario.
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