3 de agosto de 2026, 21:58hs
Tras la intervención de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, ante la comisión parlamentaria en relación con el denominado caso Cardama, los legisladores de la oposición ofrecieron una rueda de prensa. En la misma, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli manifestó su profunda inquietud, aseverando que, tal como ocurrió en junio del año anterior, la secretaria de Estado volvió a incurrir en falsedades respecto a ciertos aspectos.
«La ministra parece creerse por encima de la normativa legal. A nuestro juicio, tal postura es inaceptable, así como lo es su afirmación de que no se produjo una transición informativa adecuada; hoy pudimos refutar esa declaración», señaló Gianoli. El legislador detalló que, pese a la insistencia de la ministra en la falta de elementos durante el traspaso de mando, ellos presentaron una misiva firmada por la propia entonces senadora Lazo. En ella se hacía mención explícita a un encuentro celebrado el 27 de noviembre con el exministro Castaingdebat, en el cual fue debidamente informada sobre la totalidad del proceso de las OPV e incluso sobre posibles ascensos militares.
Gianoli afirmó que sus cuestionamientos no obtuvieron respuesta por parte de la jerarca, quien sí se mostró accesible a las consultas del oficialismo. «Esto nos lleva a la conclusión de que existía una estrategia predeterminada por parte del Frente Amplio para desarticular la cúpula de la Armada, apartar a los encargados del proyecto e intervenir decisivamente en la consecución de esta rescisión», puntualizó.
En contraste, la ministra Lazo defendió su posición, explicando que su función no es la de establecer culpabilidades. Aseguró que las acciones pertinentes se iniciaron en el momento en que el Estado verificó la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento. «Un acuerdo entre el Estado y un proponente se sustenta en una relación de confianza recíproca», argumentó Lazo. «Si dicha confianza se ve comprometida, la dimensión contractual cobra una relevancia capital. En esta situación, la confirmación de los hechos de público conocimiento que derivaron en la interrupción del contrato (…) considero que la confianza mutua fue irreparablemente dañada», detalló.
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