El pasado lunes, el Poder Ejecutivo dio a conocer el programa «Libertad segura», una iniciativa piloto diseñada para apoyar a 350 individuos que, en los próximos seis meses, completarán su período de reclusión y saldrán del sistema penitenciario. Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), subrayó la problemática de la reincidencia delictiva entre quienes recuperan su libertad como un factor clave en la seguridad pública.
El esquema de «Libertad segura» contempla un acompañamiento previo a la liberación. Tras su excarcelación, los participantes se beneficiarán de acceso a transporte, un puesto de trabajo protegido por el lapso de un año, capacitación proporcionada por Inefop, facilidades para obtener su cédula de identidad, asistencia médica y fármacos a través de ASSE. Adicionalmente, se les otorgará la Tarjeta Uruguay Social, gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Por su parte, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo alusión al aumento sostenido de la población penitenciaria, así como al incremento de la inseguridad y la violencia en las últimas tres décadas. Manifestó que el Gobierno considera esencial adoptar «soluciones audaces» para abordar desafíos tan complejos. Sánchez anticipó posibles críticas, señalando la audacia de la medida al prever objeciones como «le vamos a dar trabajo a los chorros». Sin embargo, enfatizó que, para lograr una verdadera resolución de los problemas de convivencia y seguridad, y para desarticular el ciclo de pobreza, violencia y delincuencia, este tipo de iniciativas resultan indispensables. Subrayó la necesidad de implementar políticas basadas en la evidencia, con valentía y audacia.
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