[t] El proyecto de competitividad y reducción del costo de vida del Ejecutivo llegó al Senado; Botana lo califica de «bien orientado»
[c] El 19 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo elevó al Senado el proyecto de ley para la competitividad y la disminución del costo de vida. Esta propuesta aspira a revitalizar la economía nacional, eliminando barreras administrativas y estimulando la inversión. El texto, que incluye 240 artículos, fue concebido tras un extenso proceso de diálogo tanto a nivel social como técnico.
Entre las disposiciones clave de la iniciativa, se destacan la consolidación de registros, la implementación de un sistema de «silencio positivo» para establecer plazos máximos de respuesta de la administración pública y la completa digitalización de los procedimientos comerciales. Además, el plan propone extender a una década la validez de los registros sanitarios y simplificar los requisitos de traducción, con el objetivo de que el Estado responda con mayor celeridad a las demandas de empresas y ciudadanos.
Un enfoque central del proyecto es la mejora de la situación económica de los consumidores y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Para beneficio directo de la ciudadanía, se establecerá la obligación de mostrar el precio por unidad de medida. Asimismo, la legislación busca potenciar la libre competencia al facilitar la importación de múltiples proveedores para un mismo producto y al otorgar mayor independencia a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Paralelamente, se subsidiará un sistema gratuito de gestión y facturación integrado para impulsar el desarrollo de los pequeños emprendedores locales.
La propuesta legislativa también aborda aspectos de protección en el ámbito de la salud, instando a una revisión continua de procesos y trámites. El propósito es asegurar que cada exigencia, gestión o procedimiento contribuya con un valor real al objetivo deseado, postulando que una regulación efectiva no reside en la cantidad de pasos, sino en la consecución de mejores resultados.
La tramitación del proyecto comenzará en el Senado, antes de pasar a consideración de la Cámara de Representantes.
En cuanto a las reacciones, el senador nacionalista Sergio Botana, si bien reconoció las buenas intenciones de la ley de competitividad, enfatizó la necesidad de estudiar su viabilidad. «Es una ley bien orientada; creo que es positivo simplificar trámites, incentivar la exportación y la competencia, y reducir el costo de vida. Es el camino correcto; esperemos que el gobierno lo siga», manifestó Botana. No obstante, el legislador señaló una contradicción entre la meta de desburocratizar y la imposición de una guía de carga para las explotaciones agrícolas.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, subrayó que la ley busca elevar la competitividad, agilizar gestiones, y facilitar tanto exportaciones como importaciones, a la vez que se logran menores costos. «Ahora el debate y la discusión quedan en manos del Parlamento, con la posibilidad de mejorar siempre los contenidos», afirmó Castillo, quien también consideró que la iniciativa es un aporte significativo para enfrentar el desafío de la burocracia estatal.
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