El astillero Cardama, de origen español, ha interpuesto un arbitraje de alcance internacional en contra del Estado de Uruguay. La acción legal se debe a la cancelación del acuerdo para la provisión de patrulleras oceánicas. Al respecto, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que el gobierno mantiene una «gran tranquilidad» ya que el procedimiento llevado a cabo se realizó «conforme a derecho».
Sánchez calificó la petición de Cardama de acudir a un arbitraje internacional como «bastante débil», argumentando que es requisito indispensable agotar previamente las instancias legales a nivel nacional.
Cabe recordar que en el mes de marzo, la empresa constructora naval optó por retirarse de la mediación judicial entablada con el gobierno uruguayo, mediante la cual procuraba una compensación financiera por la anulación del convenio. Adicionalmente, no presentó recurso alguno contra dicha rescisión.
El secretario sugirió que la falta de impugnación se debe a que «el Estado uruguayo transitó un camino de gran seriedad, transparencia y responsabilidad». También destacó una diferencia clave con la gestión previa: «La preocupación de esta administración, ausente en la anterior, fue asegurar los controles adecuados para verificar la solvencia de la compañía y su capacidad de presentar una garantía en tiempo y forma, lo que nos brinda una profunda tranquilidad». Concluyó que, aunque Cardama tiene el derecho de buscar las vías que considere oportunas, el gobierno se siente «muy tranquilo» por haber seguido escrupulosamente el derecho nacional.
Fuente: Enlace Original
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