Con el inminente inicio del año escolar, el colectivo «Todos Pertenecemos», conformado por 200 familias con niños autistas en edad de cursar estudios, ha alzado su voz para exigir al Estado la asignación de asistentes personales. Su objetivo es garantizar que cada menor acceda a una educación de calidad y digna, un derecho fundamental que actualmente se ve vulnerado.
La situación es alarmante: más de 7.000 personas se encuentran en lista de espera por un acompañante, y algunas de ellas llevan aguardando más de cuatro años. Eliana Moreira, miembro del colectivo, enfatizó que el artículo 25 de la ley de protección integral de personas con discapacidad ya contempla la figura del asistente personal para individuos con dependencia moderada o severa que precisen de apoyo.
«La realidad actual es que este acceso es inexistente, y lo que tenemos es una lista de espera interminable», declaró. Moreira aseguró que la cantidad de asistentes personales habilitados es similar al número de personas en espera, señalando directamente una «falta de voluntad política» como el principal obstáculo para la implementación efectiva del programa. «Esto constituye una vulneración sistemática de derechos», denunció.
«Los años transcurren, y nuestros hijos cursan su etapa escolar sin poder asimilar los conocimientos que habrían adquirido con el apoyo adecuado», añadió. En su propia experiencia, la espera se prolongó por casi cinco años. Calificó el proceso como «profundamente agotador» para la salud mental de los involucrados y como un «sacrificio económico» enorme para muchas familias, donde algunas madres se ven forzadas a abandonar sus empleos para asumir el rol de asistente y acompañar a sus hijos en el aula.
«La situación es desoladora», lamentó, y solicitó al Estado un mayor apoyo emocional para las familias, tanto durante el diagnóstico como en el largo proceso que le sigue. La semana venidera, el colectivo tiene previsto interponer una demanda formal contra el Estado, buscando la exigencia del cumplimiento de los derechos consagrados en la ley. Sin embargo, más allá de la vía legal, subrayan la vital importancia del acompañamiento y la comprensión de la sociedad en esta lucha.
Mariana Curbelo, madre de Emma y Maite, también forma parte activa de «Todos Pertenecemos». Su hija Emma figura en el Sistema de Cuidados desde 2023 y, transcurridos tres años, sigue aguardando una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La niña requiere un asistente que facilite su aprendizaje, un apoyo que, por ahora, solo puede recibir en el ámbito familiar.
Se calcula que el costo de un asistente personal supera los 30.000 pesos mensuales, una suma inalcanzable para la vasta mayoría de las familias. Curbelo enfatizó que esta lucha contra el sistema es incesante. Sin embargo, no solo el Estado representa un desafío; la sociedad también los somete a prueba. Relató cómo los padres de otros niños «se olvidaban de invitar» a sus hijas a los cumpleaños y «las excluyeron de la fiesta de fin de año». Sostuvo que lo más arduo es afrontar este complejo proceso en completa soledad.
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