El intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, ha puesto en marcha la discusión para establecer un tributo a camiones de carga. Esta medida, aunque impulsada con un argumento ya utilizado por otros jefes comunales, ha sido sistemáticamente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en intentos anteriores.
Diego Gamarra, abogado y docente de la Universidad Católica, explicó a Subrayado que estas iniciativas suelen presentarse como “precios”, pero en la práctica son “impuestos encubiertos” que no corresponden a la órbita de un gobierno departamental.
Se registran antecedentes como el del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien también buscó implementar una carga similar. Previamente, Sergio Botana lo intentó en Cerro Largo, pero su proyecto fue invalidado por inconstitucionalidad y no prosperó.
El proyecto presentado a la Junta Departamental de Río Negro, denominado “Precio por uso caminos públicos o vecinales departamentales”, busca facultar al Ejecutivo a crear un costo por la utilización de estas vías. Su alcance, imposición y tarifas serían reglamentados, y los fondos resultantes se destinarían específicamente al mantenimiento y mejora de las rutas.
La propuesta detalla que este gravamen sería aplicado a vehículos de gran porte que transporten cargas, cuya circulación pueda generar o de hecho cause deterioros en los caminos, afectando así la normal circulación de vehículos más pequeños y medianos.
Gamarra enfatizó que las sentencias del máximo órgano judicial han dictaminado consistentemente que las intendencias carecen de la potestad constitucional para aplicar tributos de esta índole.
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