El poder legislativo uruguayo está abocado a la conformación de una comisión especial, de carácter bicameral, destinada a examinar la interacción de niños y adolescentes con las plataformas digitales. Este órgano, que congregará a representantes de partidos políticos, empresas tecnológicas, organizaciones internacionales y la sociedad civil, buscará establecer marcos regulatorios que garanticen la protección de los más jóvenes en el entorno digital.
La discusión sobre el impacto de la tecnología en la niñez y adolescencia es ineludible para Uruguay. A nivel global, se observan diversas posturas: mientras naciones como Australia, España u Holanda exploran limitar el acceso a plataformas para menores de 16 años, otros, como Chile, han optado por la prohibición directa de teléfonos móviles en los centros educativos.
El núcleo del dilema reside en equilibrar la integración de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la creciente inquietud sobre sus efectos en la concentración estudiantil y la dinámica escolar. Un dato relevante de las Pruebas PISA 2022 sitúa a Uruguay en el segundo lugar entre 80 países evaluados en cuanto a niveles de distracción atribuibles al uso de celulares.
En el contexto uruguayo, dos iniciativas locales han demostrado resultados sin requerir legislación o políticas de Estado. Una de ellas es la del Liceo N° 3 de Paysandú, que a partir de agosto de 2025 implementó la medida de retirar los teléfonos móviles del entorno escolar. Según su director, Ruben Borthagaray, la decisión se originó por problemas de convivencia: «se insultaban a través de mensajes de WhatsApp» durante la jornada, lo que derivaba en peleas durante los recreos. Los estudiantes debían depositar sus dispositivos en una caja al llegar. Pese a una resistencia inicial manifestada incluso en cartas a la dirección, Borthagaray señala que «de a poquito fueron entendiendo». Los beneficios observados incluyen una mejora en la interacción en clase, el fomento del trabajo colaborativo y una mayor atención de los alumnos.
La otra experiencia exitosa proviene del Liceo Santa Elena, donde también se reportan efectos favorables. Su director, Pablo Cayota, indicó a Subrayado que esta acción forma parte de un programa de ciudadanía digital que comienza con la supresión total de pantallas en Educación Inicial y la prohibición de celulares en Primaria. Para los estudiantes de 7°, 8° y 9°, la dinámica consiste en entregar sus dispositivos en un punto específico. La evaluación realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) confirmó mejoras significativas en la atención, la concentración, la interacción social y el desempeño académico.
En relación a esta temática, Gabriel Quirici, director nacional de Educación, expresó a Subrayado el interés en propiciar un debate multidisciplinario que abarque aspectos pedagógicos, legales y tecnológicos. Aseguró que, tras analizar las diversas experiencias y conclusiones de la discusión, el Ministerio está abierto a implementar «una regulación flexible o por una prohibición total», según lo determine el consenso. Quirici enfatizó la importancia de no ignorar la evolución tecnológica en la visión de la educación futura, pero subrayó la necesidad de basar cualquier decisión en la investigación y las lecciones aprendidas de las prácticas existentes.
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