El pasado lunes, el exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, se presentó ante la comisión parlamentaria que investiga el denominado caso Cardama. Durante su comparecencia, Castaingdebat afirmó categóricamente que en ningún instante se levantó la sospecha de que la garantía pudiera ser falsa. Además, criticó la gestión de la administración actual en la rescisión del contrato, argumentando que su accionar expuso a Uruguay a una demanda judicial de montos multimillonarios.
El exjerarca enfatizó que «en ningún momento, ni por parte del Estudio Delpiazzo, ni por nosotros, ni por las autoridades actuales del Ministerio de Defensa, existió indicio alguno de fraude, estafa o que las garantías fueran irreales». Señaló la grave situación actual, donde Uruguay enfrenta una demanda internacional interpuesta por el Astillero Cardama, con estimaciones que sugieren que el monto reclamado podría ascender a varios cientos de millones de dólares.
Asimismo, Castaingdebat refirió que la negativa del secretario de Presidencia, la semana previa, a responder un pedido de informes del diputado Abdala —bajo el argumento de que la información era secreta y su difusión podría comprometer la estabilidad económica nacional— refuerza la percepción de la magnitud de la demanda presentada por los Astilleros Cardama. El exministro, identificado con el Partido Nacional, expresó su pesar por la situación, indicando que, de no ser por el conflicto actual, Uruguay estaría cerca de contar con su primera patrullera. En cambio, el país se halla inmerso en una disputa política cuyas consecuencias económicas, que calificó de «mucha plata», recaerán sobre el ciudadano común.
Desde la oposición, el diputado Joaquín Garlo, del Frente Amplio, cuestionó la falta de controles rigurosos en la instrumentación del contrato. Garlo destacó que la comparecencia de Castaingdebat permitió confirmar una irregularidad significativa: el Ministerio de Defensa realizó el primer desembolso, que superó los 8 millones de euros, sin poseer la documentación original del contrato a la vista. El pago se basó únicamente en un informe del Estudio Delpiazzo, el cual, según el propio estudio, no tenía entre sus funciones la fiscalización de las garantías.
El legislador del Frente Amplio añadió que el Estudio Jurídico Delpiazzo había alertado de manera recurrente sobre las anomalías en el proceso de constitución de las garantías por parte de Cardama. Finalmente, Garlo subrayó que el exministro ratificó que la continuidad de las prórrogas fue una determinación de índole política, que no consideró otras variables relevantes en el avance del proceso.
Fuente: Enlace Original
Deja una respuesta