Las trabajadoras sexuales del departamento de Río Negro han manifestado su profunda preocupación por la clausura de diversas whiskerías, una situación que las empuja a ejercer en la vía pública, incrementando su vulnerabilidad ante la violencia y los malos tratos constantes.
Claudia Gutiérrez, presidenta de Comperst Uruguay, señaló que la violencia que enfrentan proviene no solo de la sociedad, sino también de las fuerzas policiales, quienes, según denunció, a menudo les exigen sobornos. «Están siendo despojadas de sus pertenencias, sus celulares y su dinero», afirmó Gutiérrez.
La líder de Comperst destacó que su organización está impulsando iniciativas para ser eliminadas de los registros policiales y para reformar la legislación vigente, buscando el reconocimiento como trabajadoras sexuales con acceso pleno a todos los derechos laborales. Reflexionando sobre la histórica persecución que han sufrido, Gutiérrez indicó que «la violencia es cada vez más palpable en la comunidad, afectando no solo a las trabajadoras sexuales, sino a la sociedad en general». Hizo especial énfasis en la situación de las trabajadoras trans, quienes, según sus palabras, «padecen una violencia aún mayor que las mujeres cisgénero, siendo más vulnerables y estigmatizadas».
Por su parte, Ámbar Rosales, representante de la Mesa de Trabajadores Sexuales, enfatizó que están en una lucha constante por el derecho que les corresponde. «Basta de maltrato, basta de acoso, basta de situaciones inaceptables; es momento de ponerle fin a esto», declaró con firmeza.
En un esfuerzo conjunto con la Universidad de la República, las trabajadoras sexuales han implementado un programa de capacitación enfocado en la provisión de servicios a personas con discapacidad. La activista Kariña Núñez explicó el origen de esta iniciativa: «Habíamos detectado que el acceso a servicios sexuales para personas con discapacidad estaba limitado a varones con recursos económicos en grandes ciudades capitales. Las personas de bajos ingresos, especialmente los varones, quedaban excluidas. Por ello, decidimos capacitarnos».
Núñez detalló que la formación tiene una duración de ocho meses e incluye la participación de fisiatras y profesionales en salud mental. «Las familias de las personas con discapacidad son quienes nos contratan, no la persona directamente», aclaró. Los resultados, añadió, son prometedores: «Se observa una reducción en el consumo de ansiolíticos y una mejora en los vínculos de interacción».
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