Este viernes, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, abordó la resolución del gobierno uruguayo de rescindir administrativamente el contrato suscrito con el astillero Cardama. La medida se fundamenta en los serios incumplimientos legales que la empresa naval mantuvo de forma sostenida.
En declaraciones a Subrayado, Díaz explicó que uno de los principales motivos fue la omisión en la entrega de la garantía de fiel cumplimiento, así como la presentación de documentación fraudulenta, lo que representó una violación manifiesta del acuerdo. «No solo se presentó una garantía de carácter apócrifo, sino que, además, la empresa no cumplió con su deber de mantenerla vigente durante la totalidad del contrato», detalló el jerarca.
El funcionario gubernamental precisó que se informó a Cardama sobre la falsedad de la garantía, se le notificó la resolución correspondiente y se le comunicó la intención de presentar una denuncia penal. «En ningún instante el astillero demostró una intención formal de proceder con la sustitución de dicha garantía», aseveró Díaz. El prosecretario enfatizó que la empresa naval jamás entregó formalmente una garantía alternativa, remarcando que «a la fecha, el Estado uruguayo carece de una garantía de fiel cumplimiento».
Respecto a la garantía de reembolso financiero, cuyo propósito es asegurar que los fondos estatales destinados al astillero se usen efectivamente en la construcción de las dos patrullas oceánicas, el gobierno concluyó que los documentos aportados por Cardama no constituían una póliza legítima. «Al consultar a los asesores legales de la aseguradora, se nos confirmó la existencia de una póliza, pero se nos indicó que la documentación entregada no era tal. Al solicitar la póliza real, se nos proveyó un documento enteramente distinto al que el astillero había presentado. Esto sugiere que, pese a poseer la póliza auténtica, Cardama adjuntó un documento sin relación, y dicha póliza tampoco cumpliría inicialmente con la cláusula contractual que permite su reducción solo tras la entrega del primer buque», explicó Díaz.
El jerarca añadió que la compañía aseguradora exigió al astillero una contragarantía de alrededor de 3 millones de euros. Según la documentación, «esos 3 millones de euros habrían sido abonados con recursos del Estado uruguayo, en tres desembolsos de aproximadamente 1 millón de euros cada uno, que coincidían con el cumplimiento de hitos contractuales. Es decir, el Estado pagaba por el hito, y el astillero transfería 1 millón de euros a la reaseguradora», precisó. «Aparentemente, una porción de los fondos previstos para la construcción de las embarcaciones fue utilizada para establecer una contragarantía», sostuvo.
Díaz subrayó que el contrato con Cardama, de suministro y enmarcado en el TOCAF, ha sido rescindo administrativamente debido a un incumplimiento grave, amparado en el artículo 70. «En consecuencia, desde la notificación efectuada hoy, el contrato deja de tener validez», especificó.
Sobre la audiencia de conciliación programada para el 16 de marzo, Díaz aclaró que la convocatoria proviene del Ministerio de Defensa Nacional, no de la Presidencia. Como experto legal, consideró que la audiencia sería improcedente, dado que el contrato ya no existe tras su rescisión. «El Estado uruguayo ha adoptado una determinación», reiteró.
Díaz afirmó que la resolución ya fue comunicada y recordó que hubo un proceso administrativo donde el astillero fue notificado de las acciones y se le concedieron dos oportunidades para responder, aunque sus réplicas no se vincularon con los puntos específicos planteados.
Ante las críticas de la oposición, que califican la medida como una decisión política, Díaz recalcó que se sustenta en fundamentos jurídicos y técnicos. «La oposición ha estado planteando, desde hace días, una discusión de índole política. Ese debate se llevará a cabo, como es debido, en el ámbito parlamentario», expresó.
Finalmente, el funcionario presidencial identificó cuatro esferas de responsabilidad: la política, que recae en el Parlamento, donde podría constituirse una comisión investigadora para estudiar el caso; la penal, competencia exclusiva de la Fiscalía tras la denuncia del Poder Ejecutivo; la administrativa, que implica posibles investigaciones internas, como las ya finalizadas en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República, y la aún en curso en el Ministerio de Defensa Nacional; y la civil, que se inicia con la demanda que el Estado uruguayo interpondrá contra Cardama por los daños y perjuicios ocasionados, buscando recuperar los aproximadamente 28 millones de euros invertidos.
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