El astillero Cardama remitió sus alegaciones al Estado uruguayo el 13 de marzo, en respuesta a la terminación contractual dictaminada por la administración de Yamandú Orsi. En el documento, al que tuvo acceso el medio subrayado, la compañía española argumenta que la actuación estatal constituye una “incongruencia” y una “improvisación prepotente”, tildando la cancelación del acuerdo de “ilegítima”. El informe acusa al Estado uruguayo de un “proceder abusivo y malintencionado”, que confirma su falta de interés en considerar cualquier tipo de argumentación.
Asimismo, la firma argumenta que la pretensión del Estado uruguayo de obtener una compensación por el incumplimiento contractual es consecuencia de una gestión “errática, confusa e incorrecta”, y evidencia “actitudes tozudas” junto con un “desprecio por la legalidad”. Cardama ha instado a Uruguay a tomar las medidas pertinentes para remover de sus instalaciones las estructuras ya edificadas de las patrulleras oceánicas, las cuales, según afirma, “ocupan una parte considerable” de su astillero.
Esta controversia provocó la respuesta del diputado Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, quien a través de su perfil en X manifestó su preocupación: “¿Donde están los soldaditos del (prosecretario) Jorge Díaz cuando los necesitamos? Probablemente se nos venga: 1) arbitraje internacional, 2) indemnización a la empresa, 3) patrulleras que van a costar el doble, 4) el frente marítimo a merced de los narcos y pescadores chinos, quién sabe hasta cuándo. Pensaron en todo, menos en los intereses del país”. Los temas centrales de este suceso giran en torno a Cardama y el Estado uruguayo.
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