Este jueves, 5 de marzo de 2026, los representantes de la Coalición Republicana en el Senado decidieron convocar a una interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. La medida surge en respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la nación. Pedro Bordaberry, senador por el Partido Colorado e impulsor de esta iniciativa, declaró que «los niveles de inseguridad en Uruguay son ya insostenibles». Bordaberry añadió que el tema ha sido motivo de discusión constante dentro de la Coalición Republicana, señalando además que perciben en la cartera de Interior «una actitud de inacción» y una «ausencia notable de sentido de urgencia».
El senador Bordaberry hizo hincapié en que el actual gobierno, liderado por el Frente Amplio, asumió sus funciones hace un año sin un esquema claro en materia de seguridad. «Es algo inaudito en la historia de este país, especialmente para una cartera tan crucial como la del Interior, que un ministro asuma sin un plan concreto, y que su estrategia se reduzca a la promesa de elaborar uno», criticó el legislador.
Bordaberry afirmó haber demostrado «una paciencia ilimitada» frente a lo que describió como la «falta de preparación» del Ejecutivo en cuanto a la política de seguridad ciudadana. Subrayó que «el plan prometido brilla por su ausencia, y las demandas de los ciudadanos uruguayos en materia de seguridad no admiten más demoras». El legislador colorado argumentó que la responsabilidad primordial de un ministro del Interior radica en encabezar la lucha contra la criminalidad y dirigir a la fuerza policial para salvaguardar a la población. A su juicio, el actual ministro no está cumpliendo con esta labor, principalmente porque, según Bordaberry, «no tiene una hoja de ruta definida y se encuentra en plena fase de elaboración de una».
La citación a sala del ministro Negro se estructurará en torno a cinco áreas fundamentales: la formulación de un Plan Nacional de Seguridad Pública; el abordaje del crimen organizado, la problemática de los homicidios y el control territorial; los delitos contra la propiedad, los ciberdelitos y las emergentes formas de criminalidad; la situación del sistema penitenciario, incluyendo la rehabilitación y la gobernanza de las cárceles; y finalmente, la gestión de los recursos humanos, la administración institucional y las necesarias reformas normativas.
Desde el Partido Nacional, el senador Javier García, sumándose a las críticas, sostuvo que el gobierno «muestra un claro distanciamiento de la realidad» y ha ofrecido escasas soluciones frente a la creciente criminalidad, que identifica como la principal inquietud de los ciudadanos. García rememoró que las bancadas opositoras presentaron contribuciones y planteamientos concretos en el marco de los encuentros sobre seguridad organizados por el propio gobierno. «Es hora de marcar un límite y lograr que el gobierno reaccione, poniendo fin a la pasividad y la falta de acción que ha caracterizado su gestión en la lucha contra el delito», manifestó.
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