El grupo parlamentario bicameral encargado de investigar la operación entre el Estado uruguayo y Cardama, relacionada con la adquisición de dos patrullas oceánicas, prosigue con su labor legislativa. Inicialmente, el análisis se centra en las gestiones llevadas a cabo durante las administraciones del Frente Amplio (2010-2020), para luego abordar la suscripción del acuerdo durante el gobierno de Lacalle Pou y su posterior anulación.
El senador oficialista Eduardo Brenta abordó el desarrollo del proceso durante los mandatos del Frente Amplio, indicando que en el período de José Mujica se habían emprendido gestiones al respecto. Añadió que, conforme a declaraciones del exsubsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, la segunda presidencia de Tabaré Vázquez experimentó un repliegue económico que derivó en la asignación de distintas prioridades. Brenta señaló la existencia de contactos por parte del Ministerio de Defensa Nacional de aquella época, aunque sin una partida presupuestal específica para la adquisición. Posteriormente, el contrato con Cardama se formalizó durante la gestión de Lacalle Pou.
El legislador frenteamplista afirmó que, tras examinar la cuantía de la operación, resultaba inviable materializarla, y que se detectaron circunstancias «escasamente claras, bastante turbias» en relación con los montos y los métodos empleados. Desde la bancada del Frente Amplio, Brenta insistió en que la Fiscalía General debería iniciar la investigación del caso y proceder con las primeras citaciones para tomar declaraciones.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, aseveró que el Frente Amplio «perdió el tiempo» y «las oportunidades» de adquirir las patrullas oceánicas durante su período de gobierno entre 2015 y 2020. El legislador nacionalista defendió la integridad del proceso gestionado bajo la administración de Lacalle Pou, argumentando: «El costo propuesto por Cardama en ese momento constituía el valor más conveniente para el país.»
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